El proyecto de la ministra Sara Irene Herrerías propone mantener la suspensión que impide ejecutar una eventual destitución o inhabilitación del gobernador de Nuevo León.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazó este jueves 5 de noviembre la discusión de un proyecto relacionado con el juicio político contra el gobernador Samuel García Sepúlveda, que plantea mantener vigente la suspensión judicial que lo protege de una eventual destitución o inhabilitación.
La propuesta, elaborada por la ministra Sara Irene Herrerías Guerra, busca confirmar la medida cautelar concedida por la ministra María Estela Ríos González, el pasado 13 de julio, luego de que el mandatario estatal promoviera una controversia constitucional contra la decisión del Congreso de Nuevo León de someterlo a juicio político.
El procedimiento legislativo fue declarado procedente el 12 de junio de 2026, a partir de señalamientos por presunto peculado y enriquecimiento ilícito. Ante esta determinación, García argumentó que el Poder Legislativo local carece de facultades para procesarlo en los términos planteados.
La suspensión vigente no impide que el Congreso continúe con el procedimiento, pero sí evita que se ejecuten sanciones como la destitución o inhabilitación del gobernador mientras se resuelve el conflicto constitucional.
El asunto llegó a la Suprema Corte mediante la controversia constitucional 386/2026, además de dos recursos de reclamación promovidos por el Congreso estatal, identificados como 53/2026-CA y 54/2026-CA, relacionados con la admisión del recurso y la suspensión otorgada.
Los proyectos de Herrerías plantean declarar infundados los recursos legislativos y conservar las determinaciones judiciales impugnadas. Sin embargo, la discusión fue pospuesta sin que se informara públicamente una nueva fecha para su análisis.
La resolución será relevante para definir los alcances de las facultades del Congreso de Nuevo León frente al Poder Ejecutivo estatal. Mientras tanto, Samuel García permanece protegido por la medida cautelar, en tanto la Corte determina el curso del litigio constitucional.
Cabe señalar que la discusión pendiente se refiere a la validez de la suspensión judicial y no representa una resolución sobre la responsabilidad del gobernador respecto a los señalamientos que originaron el juicio político.
